Santa Cruz de Tenerife a 29 de enero de 2010

OTRAS REFLEXIONES SOBRE EL PGO DE SANTA CRUZ.

Malos tiempos estos en los que no sólo la economía está en crisis, que en la jerarquía de valores de nuestra sociedad ha pasado a ocupar el primer puesto en el ranking de lo prioritario, por encima de lo social y lo ambiental. Esta crisis también afecta a la ética y a la moral, valores sin los que es muy difícil construir un estado de derecho donde se respete y de un trato igualitario a todos los ciudadanos, independientemente de su posición social, credo o raza. Nuestra sociedad asiste preocupada, impotente y cada vez más indignada, a la mayor ola de corrupción destapada jamás en nuestro país (y en nuestras islas) y al debilitamiento manifiesto de la moral pública. Y encima los “errores” de determinados “responsables” de la administración, demostrados después de lentos y costosos procedimientos judiciales, al final tienen que asumirlos las arcas públicas, es decir, los ciudadanos. En los tiempos que corren…

Si las cifras son correctas, unos 60.000 afectados por el fuera de ordenación acaban de enterarse, después de más de 17 años, de que el suelo sobre el que se ubica su edificio había sufrido una minusvalía y en demasiados casos resulta muy difícil justificar la razón. El criterio para dejar fuera de ordenación un edificio suele ser alturas discordantes o saturación del ámbito y, en algunos casos se han detectado errores como el de La Florita, donde en el mismo ámbito en que se dejaban fuera de ordenación algunos edificios, aparecían importantes edificabilidades en otras parcelas. Y estos “errores” (y otros muchos que, al hilo de las revueltas han ido reconsiderándose una vez finalizado el período de información) no se habrían detectado por los procedimientos convencionales de información pública y han generado desconfianza a la par que un considerable revuelo.

Hace unos días la Gerencia Municipal de Urbanismo repartió una circular a los ciudadanos diciendo, entre otras cosas, que “... es totalmente falso que dejen fuera de ordenación edificios por minoración de alturas, que dichas edificaciones gozan de total garantía jurídica, que se pueden vender, hipotecar, alquilar, reformar, etc., que los edificios legales preexistentes, aún teniendo una altura mayor a la asignada, quedan exentos del régimen de fuera de ordenación, ...”.

Mucha tinta ha corrido desde entonces y fuentes bien documentadas han demostrado que esta afirmación no era cierta y esto ha contribuido a generar aún más desconfianza por parte del ciudadano. Y como esto era poco, el PP ofrece la solución al problema: cambiar la ley para que quepan más viviendas por hectárea y no se necesiten tantas zonas verdes ni deportivas y evitar así el fuera de ordenación…. ¿Cómo no se nos había ocurrido antes? Lo único que hay que hacer para conseguir reducir el número de enfermos es acordar que 39º no es fiebre… Lo único que hay que hacer para que se pueda hacer el Puerto de Granadilla sin dañar especies protegidas es cambiar la ley y desprotegerlas. ¿Cómo pretenden generar confianza y tranquilidad con semejantes sugerencias?

Pero entendemos que el “fuera de ordenación”, no es el único aspecto reconsiderable de la Revisión del Plan. Porque la Revisión de un Plan General debe tender a solucionar problemas que han ido surgiendo a lo largo de los años y así proceder a adaptar la ciudad a las necesidades actuales. Entendemos que en algunos ámbitos, las determinaciones de la Revisión son peores que las del Plan vigente. Y pondremos dos ejemplos que esperamos puedan servir para reflexionar y generar un debate civilizado y enriquecedor entre técnicos y ciudadanos.

El Barrio del Toscal es el último vestigio del tejido residencial del Santa Cruz de nuestros antepasados. Este barrio ha sido, durante años, abandonado a su suerte y en la actualidad presenta una imagen de desidia y ruina. Operaciones urbanísticas del más duro corte especulativo le han ido privando de su calidad ambiental de antaño. A saber: Edificios continuos de la Avenida de Anaga de 13 plantas de altura, (una gran muralla que le han cortado las vistas al mar y las brisas necesarias para refrescarlo en verano, aumentando el fenómeno de isla de calor[1]); Demolición de la Ciudad Juvenil, (mediante una oscura estrategia que además sustituyó un equipamiento fundamental del barrio por un centro comercial y más viviendas), Aumentos de edificabilidad sin contrapartidas en infraestructuras y equipamientos (ejecución de edificios desproporcionados en calles estrechas con valores ambientales y/o arquitectónicos); Remontas discordantes sobre edificios catalogados….

La Revisión del PGO (y también el PEP actualmente en elaboración) suprimen un espacio libre interior que figura en el planeamiento actual (adaptación 2005 TRLOTENC) que contribuiría a paliar el enorme déficit que actualmente tiene el ámbito (19.547 m2 en deportivo y 52.364 en espacios libres) introduciendo nuevas parcelas urbanas en la zona BIC del Conjunto Histórico que producen cambios en las alineaciones del mismo prohibidas según el artículo 34 d) del TRLOTENC y por el 34.2 de la ley 4/1999 de Patrimonio Histórico de Canarias, ya que estos cambios de alineación no se justifican por eliminar el trazado original de la trama protegida. Además en el BOC 220 del Martes 10 de Noviembre de 2009 aparece publicada una sentencia firme del TSJC (11 de Julio de 2008) que anula algunos preceptos del reglamento de gestión de planeamiento que afecta a la forma de gestionar las áreas de renovación urbana que se proponen para el Toscal.

Es decir: el plan contribuye a densificar el ámbito ya densificado y, como espacios libres incorpora el Parque Almeyda (cuya negociación está aún sin resolver) y el “Parque lineal de la avenida de Anaga”, que supondría el cómputo de la alineación de los laureles de Indias que por cierto, corre el rumor, esperamos que infundado, de que podrían desaparecer… La Comisión para la Defensa del Toscal ha presentado una alegación de más de 60 páginas, cuyo texto íntegro está colgado en el blog http://www.defensatoscal.blogspot.com/ y que podría servir también de documento de reflexión- discusión, preferiblemente multidisciplinar.

En cuanto a Las Colinas, se ha presentado una alegación sobre la zona de Ifara- la Ninfa en la que se establece un análisis comparativo del Plan 92 en vigor y la RPGO 2009, de la que se desprenden las siguientes conclusiones:

Equipamientos: En el PGOU-92 se reservan unos 45.000 m2 para equipamiento comunitario entre las que figuran una gran zona escolar, dos guarderías, un club privado, un centro comercial, una generosa zona deportiva y dos plazas comerciales. Este equipamiento se sitúa homogéneamente distribuido lo cual permitiría aumentar la accesibilidad al mismo desde las distintas zonas del ámbito al que sirve, disminuyendo la movilidad y, por tanto, el consumo energético y las emisiones de GEI. El PGO 2009, dicha reserva de suelo es de 14.819 m2 (se reduce un 68%) y su diversidad consiste en 13.684 m2 para Servicios Social- Asistencial y 1.135 para servicios comunitarios. En la actualidad hay construidas dos residencias para mayores. La primera, que lleva gestionándose unos 5 años, tiene aún plazas vacantes. En la construcción de la segunda (Residencia El Drago del Marqués, situada a unos 50 m de la primera) se han producido presuntos incumplimientos urbanísticos muy graves en cuanto a altura, volumen, preparación de la parcela y cambio de uso no justificado (sustituye a la preceptiva guardería que es una de las carencias del ámbito). No obstante han obtenido el visto bueno de la Gerencia Municipal quien ha concedido licencias de obras y de ocupación que se encuentran en la actualidad recurridas y en proceso judicial.

La integración arquitectónica: Las regulaciones del plan en vigor son más claras y concisas que las de la Revisión del PGO. De hecho, las edificaciones cuyos proyectos cumplieron en su día con las determinaciones del Plan del 92 disfrutan de una integración adecuada en el paisaje de la ladera.

Sin embargo, estos preceptos han sido a menudo incumplidos durante años en numerosas edificaciones debido a una actitud bastante laxa de la Gerencia en cuanto a concesión de licencias de obra y de ocupación. Algunas de dichas licencias han sido recurridas y varios edificios demolidos costándonos a los ciudadanos el dinero de la demolición e indemnización y sin responsabilidad patrimonial de los técnicos y políticos implicados en el otorgamiento de las licencias ilegales. La RPGO no pone límites a la capacidad de urbanizar el suelo cualquiera que sea su pendiente, lo cual dificulta considerablemente la integración arquitectónica.

Para finalizar, señalar que el proceso de Participación Ciudadana no debería circunscribirse a escuchar a las personas cuyas propiedades queden afectadas directamente por el planeamiento (que también) para que puedan defender su interés particular. La Participación Ciudadana con mayúsculas es también escuchar las propuestas y reivindicaciones de los colectivos vecinales que defienden otro modelo de barrio o ciudad, sus dotaciones, su habitabilidad, su accesibilidad, sus espacios libres, su eficiencia…..

Pensamos que hay pendiente una reflexión profunda en lo que se ha dado por llamar participación ciudadana y el papel que podríamos jugar en ella los arquitectos como colectivo. En el SIMPOSIO INTERNACIONAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, DEMOCRACIA Y BUEN GOBIERNO que se celebró en La Laguna en marzo de 2006, participaron profesionales que aportaron reflexiones y experiencias muy interesantes que podrían contribuir a mejorar la calidad de la participación ciudadana en sus relaciones con la administración y, quizá quién sabe, constituir un nicho de trabajo interesante para diferentes colectivos profesionales, teniendo en cuenta que los principios de sostenibilidad recomiendan que las estrategias en la planificación urbana deben encauzarse más en la línea de regenerar la ciudad que en la de seguir ampliándola.

Esteban de Manuel, arquitecto y profesor de la ETSA de Sevilla, participa en la impulsión del debate sobre la ciudad desde la universidad y en los barrios, en colaboración con asociaciones vecinales, al tiempo que han puesto en marcha una iniciativa piloto: “El Taller de Asesoramiento Técnico a los Barrios” que parte del convencimiento de que es necesario crear una nueva relación de colaboración constructiva entre sociedad y administración.

Jordi Sánchez, “Se hace necesaria una voluntad política: asumir que se tiene un mandato, no un cheque en blanco. …. La participación conlleva asumir un conflicto…..Se deben generar vínculos, espacios de proximidad… y al final rendir cuentas. Se debería convertir en algo cotidiano y no sólo antes de las elecciones”

Manuela Carmena, apunta la diferencia entre Súbdito y Ciudadano: “El primero no se reconoce con derechos mientras que el segundo es consciente de ellos y plantea exigencias a la autoridad”.

Jordi Borja, Geógrafo-Urbanista. Co-director del Programa de Postgrado "Gestión de la ciudad" en la UOC: “…No basta con decisiones puntuales: …El conflicto no es un problema. La democracia ha de hacer que el conflicto se exprese pacíficamente.

El Colegio de Arquitectos en otros tiempos asumió con entusiasmo y gran éxito carencias de la sociedad de la época, y se hizo merecidamente acreedor de un gran prestigio y una importante consideración por parte de los ciudadanos. En el año 73, un grupo de arquitectos impulsaron desde el colegio el contacto con las vanguardias del arte contemporáneo y generaron una oferta cultural singular y de primer orden, contribuyendo a cubrir un vacío existente. Un colegio moderno, que fue capaz de dar a la sociedad algo a lo que en ese momento no podía acceder y que posiblemente, ni siquiera sabía que demandaba, pero que la hizo mejor.

Creemos que la solución satisfactoria deberá pasar necesariamente por el consenso entre unos ediles honestos que ponderen el interés general sobre el particular, unos técnicos que planifiquen de acuerdo a principios de equidad y sostenibilidad y una población informada, participativa, civilizada y responsable que facilite este consenso. De lo contrario, la gobernanza no será fácil.

Profesionales que suscriben el presente escrito (por orden alfabético):
Arquitectos: Aguarta, Fernando; Bollo, Carlos; Casañas Tejera, Alberto; Domínguez Rodríguez, Antonio; Garcinuño Zurita, Carlos; González Marrero, Rubén; González Sicilia Ruyman; Monje Trujillo, Angel; Pérez Alcalde Schwartz, Javier; Reymundo Izard, Araceli; Sánchez Almeida, Jesús; Schwartz Pérez, Carlos; Urquiza, Gumersindo.
Abogados: Sánchez Jordán, Mª Elena.(Doctora en Derecho. ULL)
Ingenieros: Reymundo Izard, Mariano.
Geógrafos: García Herrera, Luz Marina, Marzol Jaén, Mª Victoria. (Doctoras en Geografía ULL)
Economistas: Sánchez García, Juan

[1] Pese a la saturación del barrio (reconocida también por la COTMAC en sus reparos) no se ha reflexionado en ningún momento sobre la conveniencia de reconsiderar, por ejemplo, la altura de los edificios de la Avenida de Anaga que afectan en este sentido al interés general